Rocío Campos Anguiano, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), reconoció que no cuentan con los recursos financieros y herramientas para cumplir al 100 por ciento con todas las funciones que ley les ha asignado para supervisar y, en su caso, sancionar a los sujetos obligados que no cumplan con la normativa vigente en materia de transparencia.
En entrevista con RadioLevy, Campos Anguiano explicó que los cerca de 7 millones de pesos que se le asignó al Infocol para 2017 representa un presupuesto per cápita para transparencia de 8.25 pesos por colimense, mientras que a nivel nacional el promedio es de 9 pesos por habitante; sin embargo, añadió, el presupuesto ideal establece que debería de ser de 15 pesos por habitante.
“Le echan montón, pero nos faltan recursos, personal, viene la ley de datos, luego viene la ley de archivos, ya se está trabajando con la Comisión de Entidades y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia, va a haber una reunión en julio con diputados y senadores para buscar que se entreguen recursos a los estados”, señaló.
“Nosotros requerimos una estructura administrativa concentrada al cien por ciento en la pura revisión de las páginas de internet, hay que estar revisando también que la información sea la correcta, los años que deben estar detrás de la carga de información (…) Nos va avanzar más lo que está en la ley que la capacidad humana que tenemos para llevar a cabo esas disposiciones”, agregó Campos Anguiano.
40 de 218 sujetos obligados a transparentar su información no han cumplido
Por otro lado, la funcionaria estatal dio a conocer que de los 218 sujetos obligados a transparentar su información y hacerla pública en sus portales de internet, 40 no han cumplido, entre los que destacó algunos organismos operadores de agua y DIF municipales.
Afirmó que quienes no hayan hecho pública su información podrán hacerse acreedores a una amonestación y a una sanción pública por hasta mil 500 unidades de medida de actualización (UMA), lo que equivaldría a 108 mil pesos.
Finalmente, Campos Anguiano aseguró que el órgano de transparencia tiene hasta el 4 de agosto para revisar toda la información que sea cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en las páginas web de cada uno de los actores obligados.
